La iglesia católica de Chile debe pagar unos 450.000 dólares a tres de las víctimas de Fernando Karadima, sentenció la Corte de Apelaciones de Santiago. Karadima fue expulsado del sacerdocio en 2018 después de un informe del Vaticano sobre las denuncias de abuso sexual de menores en su contra.
Juan Carlos Cruz, James Hamilton y José Andrés Murillo, víctimas durante su juventud del sacerdote Fernando Karadima, después de reunirse con el papa en Roma, en mayo .
“El daño moral” hacia tres de las víctimas demandantes “resulta manifiesto”, falló el tribunal, que sentenció que hubo actos de negligencia por parte de la iglesia católica “que pueden ser calificados como propios de un encubrimiento que da origen a la configuración de un ilícito civil”.
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La sentencia revoca el fallo de primera instancia emitido marzo de 2017 por otra corte, que arguyó que había “excepciones de prescripción” del delito y “falta de vínculo de dependencia entre Fernando Karadima y el Arzobispado de Santiago” al determinar que no procedía la demanda civil de 2011 interpuesta por Juan Carlos Cruz, José Andrés Murillo y James Hamilton contra la iglesia chilena.
La Corte de Apelaciones de Santiago estableció en vez que Cruz, Murillo y Hamilton deben recibir cada uno 100 millones de pesos chilenos (unos 146.000 dólares) a modo de indemnización. El fallo, emitido el 27 de marzo, también sentenció que “con su inactividad”, la iglesia católica de Chile protegió “a los abusadores como si ellos fueran víctimas de una infamia y agresión pública” y descuidó “por completo lo ocurrido a las víctimas del abuso”.
La decisión del tribunal es la primera que establece que el liderazgo católico es responsable de otorgar reparaciones a las víctimas, en momentos en que hay varias denuncias por abuso sexual de menores y de adultos contra el clero chileno. El Arzobispado de Santiago declaró que no recurrirá a la Corte Suprema de Chile para apelar y que dará cumplimiento a la sentencia “porque apunta directamente a las falencias” que tuvo en el caso.
Los escándalos en esa nación sudamericana escalaron desde el año pasado. De cara a una visita del papa Francisco, en enero, varios grupos de sobrevivientes del abuso clerical pidieron al líder del Vaticano que se pronunciara. El pontífice en un inicio causó indignación al declarar que se calumniaba a un destacado obispo, Juan Barros, al acusarlo de encubrir a Karadima.
Ante la reacción negativa a sus comentarios, el papa ordenó una misión especial de investigación liderada por Charles Scicluna, arzobispo de Malta y secretario adjunto de la Congregación para la Doctrina de la Fe. El reporte resultante de esa investigación, de unas dos mil páginas, concluyó que en la Iglesia católica chilena se cometieron “graves abusos de conciencia y de poder” por lo sucedido con los fieles y también por cómo se procedió ante las denuncias. El papa Francisco le escribió a la conferencia de obispos chilenos que debían buscar cómo “sanar unas heridas que no dejan de sangrar en el conjunto de la sociedad chilena”.
Los 31 obispos en activo de la conferencia episcopal chilena presentaron su renuncia ante Francisco tras una reunión de emergencia en mayo de 2018. En esas fechas el papa también se reunió con Cruz, Murillo y Hamilton, los demandantes en el caso actual.
Además de las denuncias de los hombres que fueron víctimas de Karadima, la fiscalía chilena tiene abiertas 148 investigaciones penales contra otras diócesis además de la de Santiago, donde ejercía Karadima, quien se encuentra en reclusión desde hace años.
Los demandantes celebraron el fallo. “Tiene el efecto de que cualquier víctima podrá alegar contra el abusador y contra la iglesia como garante” en Chile, declaró Hamilton en una conferencia de prensa de los tres demandantes.